Marta, Herminia, Juana, Deyanira, Laurentina, Irma, Elsa, Francisca, María, Amanda son las 10 adultas mayores, de entre 71 y 101 años, que se encontraban postradas y murieron en el incendio que asoló un módulo de la Residencia Santa Marta de Chihuayante, el pasado 14 de agosto, en un doloroso accidente que nos obliga a mirar cómo estamos enfrentando la vejez.
Ojalá la muerte les haya llegado mientras dormían, plácidas, inconscientes de las llamas, el calor y la angustia de no poder moverse y escapar del infierno. Pero el verdadero infierno en estos casos es darnos cuenta de que, al igual que lo que sucede con las residencias de protección de menores, los hogares del Sename (Servicio Nacional de Menores), los establecimiento de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) del Senama (Servicio Nacional del Adulto Mayor), ubicados en los extremos de la existencia humana, son la otra gran deuda ética de nuestras políticas públicas. El otro gran olvido de nuestra sociedad, algo que todos -la sociedad civil, las autoridades, los legisladores, la prensa- sabemos que existe, pero observamos con ojos impávidos.
Si miramos bajo la alfombra de muchos hogares de ancianos nos encontramos con lo mismo que pasaba con las residencias del Sename: bajos estándares de calidad, personal sin las competencias necesarias, masividad, problemas de trato, sistemas de cuidado anticuados, metodologías arcaicas sin ningún sustento en la evidencia y, cuando se produce la tragedia, recuperamos la lucidez por un breve tiempo.
De acuerdo a datos oficiales, existen 903 hogares de ancianos con resolución sanitaria en el país, con un promedio de 50 ancianos por residencia. De ellos, el 77% son privados y con fines de lucro. Existen además muchos otros establecimientos informales, también pagados, donde la realidad es aún más cruda y la supervisión inexistente.
En el sistema residencial del Hogar de Cristo, constituido por una red de 15 residencias en todo el país, el costo promedio mensual de mantener a un adulto mayor es de 918 mil pesos, de los cuales menos de la mitad los aporta el Estado. En una residencia privada ese número puede elevarse a más de dos millones de pesos por mes. ¡Qué porcentaje de familias chilenas cuentan con esos presupuestos!
Soy un convencido de que la mejor política pública para los adultos mayores no es la institucionalización. No son las residencias la única solución, y deben ser consideradas sólo en casos extremos. Debemos avanzar en políticas de apoyo familiar, como los Programas de Atención Domiciliara para el Adulto Mayor (PADAM), con subsidios estatales que permitan a las familias mantener a sus viejos en casa, favoreciendo el buen morir dentro de sus hogares, en ambientes conocidos, entrañables, propios, rodeados de sus seres queridos.
Los viejos, en especial los más pobres y no valentes, no marchan, no usan las redes sociales, no votan, son completamente invisibles.
Por eso nos alegra saber que el Instituto Nacional de Derechos Humanos hará una investigación sobre adultos mayores de extrema pobreza, en tratamiento residencial con altos grados de dependencia. Es allí donde se concentra el mayor abandono y dolor, y puede que ese sea el incentivo para tomar este tema en serio y desarrollar una política de adulto mayor acorde con un país que pertenece a la OCDE y se encamina a convertirse en el año 2030 en el país más envejecido de Latinoamérica.
Por Paulo Egenau, director social nacional del Hogar de Cristo
